Minería del carbón: el alfa y el omega
(Por Antonio Checa Pérez, Ingeniero de Minas y Economista)
El carbón es un sector intervenido y por el que los ciudadanos pagamos dos veces, una como contribuyentes y otra como consumidores eléctricos
(Publicado en el Diario El Comercio-Asturias/15.12.15)(El autor, Ingeniero Jefe/Director Facultativo del Pozo Entrego de HUNOSA-Asturias)
Estamos
en campaña electoral y se cita de nuevo el asunto del carbón autóctono. Esta es
mi opinión. En julio del pasado 2012, el sector carbonífero español se «agitó»
por el recorte presupuestario dada la situación económica, a pesar de existir
un Plan Nacional de Reserva Estratégica del Carbón 2006-2012 y un nuevo modelo
de desarrollo integral y sostenible de las comarcas mineras, cuyo final
coincidía con tal año. Ya opiné entonces respecto del error político cometido.
Además, el sector se rige por la Decisión Comunitaria del Consejo de 10 de
diciembre de 2010 (210/787/UE), relativa a las ‘Ayudas destinas a facilitar el
cierre de minas de carbón no competitivas’. Al preguntar por la ingente
cantidad de fondos mineros recibidos durante más de veinte años, cuyo objeto
exclusivo y finalista era la reconversión o creación de puestos de trabajo
estables en las comarcas mineras, no sólo no se ha dado una respuesta, sino
que, además, parece haber vetos –muy inadecuados– a la libertad de expresión y
a la pluralidad.
Es
una cuestión relevante porque reconversiones se hicieron en toda la Unión
Europea (UE) y son conocidas en el Principado, en el que no parece que se
adaptaran y aplicaran esos conocimientos con rigor y eficacia, a pesar de la
inestimable actuación y apoyo de la Asociación Española de Municipios Mineros
del Carbón (ACOM). Tal vez el Parlamento asturiano, su Junta General, tome
interés por este asunto.
A
finales de los 80 del pasado siglo, la oferta de Carlos Solchaga de una
cantidad millonaria para cerrar la minería originó a una gran protesta
simbolizada con el encierro, en el pozo Barredo, del SOMA y CC OO en período
navideño. Contaba HUNOSA con unos 25.000 mineros, que, además de otros tres
trabajadores indirectos e inducidos por cada uno directo, suponía que las
cuencas vivían casi en exclusiva del sector, por lo que se las abocaba a un
paro enorme durante un largo período.
Se llegó al acuerdo de elaborar planes
plurianuales en los que se irían reduciendo plantilla y producción junto a una
selección del yacimiento para facilitar la mecanización, la mejora de la
calidad del carbón y la disminución de los costes, así como inversiones en
seguridad, I+D...
Los
costes entonces eran muy elevados, de unas 40.000 pesetas/Tm. (240 euros),
frente al carbón importado de fácil suministro por su abundancia geográfica y
que, además de su mejor calidad, podía descargarse en el puerto de El Musel a
unas 4.000 pesetas/Tm. (24 euros, fletes incluidos), es decir, diez veces menos
que el autóctono.
Con
estos planes se ha disfrutado de una ‘paz social’ desconocida, quedando HUNOSA hoy con unos 1.500 trabajadores. Es decir, todos se han esforzado en garantizar
los planes, pero ya dije que la aplicación ineficiente de los fondos mineros ha
impedido los efectos beneficiosos de la reconversión en más de veinte años, lo
cual es un gran problema actual.
El
problema es que el carbón autóctono no se consume y se ‘apila’ en montañas (que
ahora ‘merman’ o desaparecen), al tiempo que las eléctricas no lo quemarán si
no reciben nuevas ayudas recogidas en un real decreto. Es decir, el carbón es
un sector intervenido y por el que los ciudadanos pagamos dos veces, una como
contribuyentes (ayudas a la producción de los planes) y otra como consumidores
eléctricos.
Propondría,
pues, que en el horizonte comunitario de 2018 se conformase un marco en el que
productores (empresas) y consumidores (eléctricas) negociaran las condiciones
de su dependencia mutua, en tanto que la Administración se encargue de velar
para que esa negociación pueda realizarse en condiciones equiparables.
Aunque
la Decisión 2010 prohíbe las ayudas al funcionamiento a partir del 2018, el
artículo 194 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), así como
las directivas del mercado interior de la electricidad (consumo), permiten que
España introduzca OSP (Obligaciones de Servicio Público) a las térmicas para
que quemen, prioritariamente, carbón autóctono y con ciertas condiciones, una
de las cuales podría ser que este carbón se pague a un precio algo superior al
de importación.
Una
adecuada ‘actuación’ gubernamental puede actuar de catalizador (sobreprecio u
otras) que podría incluso no ser considerada como ayuda de Estado aplicable a
las OSP si se respetan ciertas condiciones, siendo factible que una parte del
sector pueda continuar después de 2018.
También se podría fijar un límite de
trabajadores/toneladas para «seguridad de abastecimiento autóctono»,
compatibles con las normas comunitarias, a determinar según diversos parámetros
(reservas, mix energético, evolución, aspectos sociales, comarcales y
medioambientales...). Y respecto a los fondos mineros para reconversión se
podían buscar fórmulas de ayudas a corto y medio plazo, desinversiones
actuales, etcétera, sin que se retrasen estos pagos ni el resto de las ayudas,
incluido un plan de prejubilaciones.
El
asunto es complejo, pero es preferible acuerdos a confrontar. Según un joven
asturiano, «ya se ha perdido una generación entera que trabajamos fuera... y
esperemos que no vaya a más».
Tengo
el mayor afecto y respeto por la gran familia minera, a la que me siento muy
orgulloso de pertenecer: unas buenas negociaciones pueden propiciar un omega o
final pactado de reducción del carbón, cuyo alfa o inicio colaboró a la mayor
expansión industrial conocida
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